Esta reforma constitucional, promovida por Andrés Manuel López Obrador, podría no estar lista para marzo del 2022, ya que la reglamentación de la misma se encuentra en las comisiones del Senado.
Con fecha de 21 o 22 de marzo, la reforma constitucional que determina al tercer año de gobierno realizar un ejercicio democrático de Revocación de Mandato del presidente de la República, podría no realizarse por primera vez en esa fecha, luego de que en el Senado no la ha incluido en el orden del día de sus sesiones, el proyecto de reglamentación a la reforma, pese a que el senador Ricardo Monreal Ávila entregó a la Comisión Permanente el proyecto el 27 de julio pasado.
Por una parte, pareciera como dijo el propio López Obrador, un descuido que lleva dolo o mala fe, ya que él desde un día después de la Consulta Popular del 6 de agosto, inició con la promoción de este nuevo ejercicio democrático que permitirá a la ciudadanía removerlo de la silla presidencial, si la “oposición” así lo logra y el pueblo así lo manda.
Los tiempos de lo que se requiere para que pueda haber Revocación de Mandato, son, primero la discusión en el pleno de la propuesta de reglamentación para que se pueda consultar a la población y la aprobación del mismo, lo cual debe ocurrir a más tardar en el mes de octubre.
De allí viene el proceso para recabar las firmas de al menos el 3% de los ciudadanos enlistados en el padrón nominal mexicano (casi tres millones de firmas) distribuidas en al menos 17 estados del país, para que la solicitud del proceso sea aceptada por el Instituto Nacional Electoral (INE), instancia que deberá organizar el proceso, similar al de las elecciones.
Este aval ciudadano deberá entregarse al INE, con el tiempo suficiente para que esta instancia convoque en enero del 2022 a la ciudadanía a participar, establecer casillas, funcionarios de casilla, capacitarlos, imprimir el material y todos los preparativos previos, con un detalle por resolver: el costo del proceso.
Para su realización, el proceso de votación para la Revocación de Mandato requiere de al menos mil 500 millones de pesos, de acuerdo a lo expresado por su vocal Ejecutivo, Lorenzo Córdova Vianello, misma cantidad que deberá aprobarse como parte el presupuesto del Instituto, dentro de la Iniciativa de Egresos del Ejercicio Presupuestal 2021-2022 en el Congreso de la Unión, con la nueva composición parlamentaria de los diputados electos el pasado 6 de junio.
La aprobación del Presupuesto 2021 2022, para alcanzar los tiempos de la Revocación de Mandato, requiere que se presente para su aprobación el mismo 8 de septiembre, cuando toman posesión los nuevos diputados federales electos.
Ya el presidente de México ha expresado su repudio tanto a la forma en que opera el INE, como a sus integrantes y la posible reducción de presupuesto; además de una reforma constitucional para sustituir a sus integrantes actuales y su operatividad.
Por lo anterior, se avizora, que no habrá dinero suficiente para realizar un ejercicio con los mínimos de garantías de democracia que se han tenido en el pasado y si logra concretarse antes la iniciativa presidencial, seguramente también reducirá los costos de operación.
Desde el liderazgo que posiciona como relevante la opinión del vocal Ejecutivo del INE, ya que es quien convoca a la consulta de Revocación de Mandato, opina que sería un ejercicio democrático histórico, y preguntar al mayor número de ciudadanos es lo deseable, lo cual se limita si no hay un presupuesto adecuado.
“La democracia, de acuerdo a la experiencia del INE, cuesta dinero, no cuestan los procesos de consulta en Corea del Norte, Cuba o en Nicaragua, simplemente porque son regímenes dictatoriales y no importa cuántos respondan en realidad, pero si se quiere una democracia sólida, ello equivale a gastar dinero”.
¿Le conviene a México una consulta para la Revocación del Mandato presidencial?
De acuerdo a analistas políticos, a quien le conviene es a Andrés Manuel López Obrador, ya que fue una de sus propuestas principales de campaña: quitarle el poder a quien es corrupto o no le cumple al pueblo, lo cual es correcto.
Pero si se analiza que después de él, suponiendo que le revocaran el mandato, también los gobernadores de todo el país y los siguientes presidentes, serían sometidos a la misma aprobación a la mitad de su mandato, traería como consecuencia que no se gobernara ni a nivel estatal ni federal para procurar el bien del país, sino para agradar al electorado y hay muchas decisiones que los gobiernos deben tomar, aunque no le gusten al pueblo.
Tal sería el caso del confinamiento obligatorio en casa y cierre de escuelas y negocios que ocurrió durante la pandemia durante el 2020. No era una medida popular, pero era necesaria para salvaguardar la vida de los mexicanos.
De ser así, el próximo 2022 se inauguraría en México un mecanismo de presidentes de poca duración y gobernadores, para dar paso a interinatos y convocar a más elecciones, que implican más gastos al erario público.
Ya hay una oposición claramente marcada no sólo en el discurso del presidente López Obrador, sino a partir de su dicho, que es invitada a unirse para “derrotarlo”, si en los procesos electorales no ganan, en la revocación de mandato podrían hacerlo, para él y para todos los que sigan.
¿No sería mejor entonces tener mandatos de 4 años como en los Estados Unidos con posibilidad de reelección?
A nivel estatal, los equilibrios de poder que ya existen, se darían vuelo revocando a gobernador tras gobernador, dejando mandatos de tres años en los que todas las acciones de la administración pública serían para promover, hacer campaña y poder quedarse otros tres años.
Las consecuencias de inestabilidad se harían evidentes entonces, nadie está seguro de que su voto se respetará para que el gobernador en turno ejerza por un periodo de seis años; la población se confrontaría cada tres años, ya no para elegir, sino para defender a quien ostenta el poder. División y no construcción de paz.
¿Qué pasará si se revoca el mandato de Andrés Manuel López Obrador?
Primero, el ejercicio de Revocación de Mandato para ser vinculante, requerirá de la participación al menos del 40% de la población, esto es 37 millones, 411 mil 389 mexicanos, y que la mayoría diga que quiere que el presidente se vaya.
Posteriormente, porque no hay previsto un proceso de impugnación de resultados, entraría en funciones el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en este caso sería el que se elija este 8 de septiembre, cuando inicie el periodo de sesiones de los diputados electos el pasado 6 de junio, y no la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
De acuerdo a la Constitución, ante la falta de un presidente, es el Congreso Federal quien asume las funciones del mismo, para erigirse en Colegio Electoral, con 628 diputados y senadores, 30 días después y nombrar un presidente interino para concluir el mandato de 6 años. Quien el Congreso de la Unión elija, será el presidente de México en los próximos 3 años.
Al final, no votarían los mexicanos por otro presidente, la democracia entraría en un impasse de tres años, para poder volver a elegir un mandatario mediante una elección directa.
Y mientras la narrativa de López Obrador se limita a que la Revocación de Mandato es votar contra él, votar porque vuelva el neoliberalismo o regresar él con el aval de todos los mexicanos a seguir dirigiendo el rumbo del país, el pueblo de México parece no ser consciente de la trascendencia de este ejercicio democrático.
Conclusión
Hoy el presidente Obrador gobierna en una situación específica de la historia de México, pero nadie sabe las crisis que enfrentará el país en el futuro y podría ser que la Revocación de Mandato se diera por razones que son indispensables (como en el ejemplo de la pandemia) pero que no son realmente importantes para quitar la autoridad a un mandatario.
La Revocación de Mandato debiera darse ante delitos graves, como traición a la patria, genocidio, intromisión en una guerra de un tercer país, no sólo por cuestiones de medidas populistas, o promesas de campaña no cumplidas.
La medida de consultar a la ciudadanía a través de una Consulta Popular o un ejercicio de Revocación de Mandato, es acertada, pero tendrá consecuencias que son inciertas para el futuro del país, si no se analiza a fondo las razones para realizarla con periodicidad, en vez de por necesidad imperante.
