¿Desincentivar el consumo mediante cobro de impuestos o un ingreso extra para el Estado? ¿Cómo evitar que el mercado ilegal sea más atractivo? Algunos dilemas a los que se tendrá que enfrentar el Congreso
A lo largo de todo el 2019, el Senado de la República ha analizado las propuestas para despenalizar el uso, distribución y venta de marihuana y productos derivados, tanto para uso medicinal como textil o recreacional, sin lograr un acuerdo. Uno de los puntos que tendrá que discutir el Congreso de la Unión es cómo se regularizará este mercado y qué impuestos se aplicarán al mismo.
Al imponer cargas fiscales a los productos con derivados de cannabis, expertos apuntan que se debe considerar que el precio de estos productos no debería de exceder el del mercado negro, particularmente cuando se trata del uso lúdico de la planta. Por otro lado, hay entidades en Estados Unidos en donde estos impuestos representan la mayor fuente de ingresos para el gobierno.
Hasta ahora, la única iniciativa en ese sentido con la que se cuenta es la que presentó en la Cámara Baja el diputado michoacano por Morena Hirepan Maya Martínez a mediados de este año, que propone cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a todos los productos que contengan cannabis o sus derivados, independientemente del fin para el que estén destinados.
Uno de los mayores riesgos para las políticas fiscales que se implementen será que el mercado ilegal de la marihuana se convertirá en el principal competidor del mercado legal y tendrán que generarse equilibrios en los precios a la par de una estrategia de seguridad y una concientización hacia los clientes potenciales.
Hay casos de éxito de otros países luego de la regulación del mercado de marihuana, como Canadá, Estados Unidos y China, lo que se ha reflejado en ingresos económicos tanto para el Estado como para la iniciativa privada y una mayor oferta para los consumidores, quienes multiplicaron la demanda.
El dilema de las políticas públicas en torno al cannabis
Una de los múltiples disyuntivas que enfrenta el Estado mexicano en torno a la despenalización del consumo y la regulación del comercio de marihuana es la de si se debiera buscar desincentivar el consumo recreativo mediante la fijación de impuestos, ante la posibilidad de que un costo excesivo pueda orientar a los consumidores al mercado negro.
También tendría que tomarse en cuenta que, una vez permitida la venta de este producto, pudiera resultar más accesible en cuanto a precio, puntos de distribución y venta. Con ello, la demanda tendería a elevarse y se correría el riesgo de una escasez que lleve a un incremento de precios. Este fenómeno inclinaría la balanza nuevamente a favor del narcotráfico o mercado ilegal.
“Se ha hablado de muchos ejemplos comparativos. Lo que se está tratando es de alejarse de esos ejemplos y buscar un marco nuevo que pueda evitar lo que ha pasado en Chicago, en Amsterdam o en Uruguay, donde no se captó lo que se esperaba en impuestos”, explicó el diputado Hirepan Maya en entrevista para NER.
Para Hirepan Maya, así como para otros legisladores federales, el principal objetivo tendría que ser el de desalentar el consumo. En algunas de las iniciativas que se analizan, como la que presentó Olga Sánchez Cordero, se estipula que deberá de existir un número máximo de expendios de cannabis para uso lúdico, mismo que será fijado por los ayuntamientos de cada municipio y en caso de que éstos no lo hagan, se instalará uno solo en la capital de cada entidad. Nuevamente, una política que pretende minimizar el consumo, beneficia al principal competidor del comercio legal.
Habría que tomar en cuenta el valor agregado que pudiera aportar el mercado certificado, como una garantía de la calidad del producto, la seguridad de la compra, cuestiones morales como la noción de que se está evitando la violencia al no brindar recursos al crimen organizado y la posible adquisición productos adicionales. Esto podría convencer al consumidor de que vale la pena pagar un poco más por el producto legal.
No obstante, también se plantea ya la prohibición a cualquier tipo de publicidad y la venta de otros productos elaborados con THC, como comestibles o fusiones con café, tabaco o alcohol, aunque Hirepan Maya relató que se ha hablado de máquinas expendedoras de brownies, gomitas y otro tipo de comestibles que podrían resultar atractivos para niños o jóvenes, por lo que un impuesto que obligue a pagar un precio alto por estos productos, alejaría a ese sector del mercado. En México, las empresas tendrían que pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y los consumidores el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA); aunque aquí se contraponen dos políticas públicas de carácter fiscal vigentes en nuestro país. Por un lado, no se aplica el IVA a medicinas y alimentos, por otro, se agrega el IEPS para desincentivar la demanda de productos de carácter adictivo como el tabaco y el alcohol.
Maya Martínez subrayó que su iniciativa no propone la creación de nuevos impuestos, sino la regulación del IEPS para que se aplique a todos los productos que contengan derivados de cannabis, con el principal propósito de desalentar el consumo sobretodo en menores de edad. Esto es, el consumidor sería el que pagaría la carga tributaria.
“No es un impuesto nuevo sino incluir todos los productos derivados. Se tendría que hacer todo un catálogo y el marco regulatorio en torno al uso recreativo como es el caso del tabaco, el alcohol y otros productos farmacéuticos, así como las cosas que se van a producir con al cáñamo”, explicó el diputado federal.
Por otro lado, la legislación fiscal de nuestro país impide el cobro de impuestos en productos medicinales, por lo que tendría que pensarse en qué momento de la cadena productiva se fijarían las cargas fiscales que pudieran beneficiar económicamente al Estado o si sólo se impondrían cuando el destino del consumo no fuera medicinal o terapéutico. Todo apunta el consumidor sería el que tendría que asumir estos costos.
En este sentido, Hirepan Maya especificó que su propuesta incluye la aplicación de un gravamen incluso a los productos medicinales. Apuntó que entre las cerca de 40 iniciativas que se revisan en San Lázaro se plantea la creación de clubes canábicos y que tendría que pensarse en qué momento se aplicarían los impuestos, así como en crear un sólo dictamen con las propuestas que han presentado legisladores de Morena, el PRI y el PRD.
En Estados Unidos, el mayor porcentaje de impuestos de este tipo se recaba en la marihuana para uso recreativo, aunque sí existe un impuesto en medicamentos. A pesar de que en el país del norte este cobro representa uno de los más importantes ingresos en entidades como Arizona, se ha tenido cuidado de que no sea tan alto como para incentivar el mercado negro. El impuesto al consumo va del 10 al 37 por ciento dependiendo el estado.
En México existen incentivos fiscales para actividades agrícolas, como un ISR menor. Estos incentivos, apunta Maya Martínez, podrían mantenerse para productores de marihuana, además de que se están planteando mecanismos de producción comunitaria.
¿Abrirse al mercado internacional o impulsar el mercado local?
Otra encrucijada para el Estado será el determinar si debe intervenir para impedir la incursión de empresas de otros países que ya están más adelantados en cuanto a tecnología e investigación en este campo.
Por un lado, las empresas mexicanas se beneficiarían si pudieran evitar la inversión en investigación y la obtención de tecnología, ya que de correr con este gasto, sólo podrían ver ingresos a largo plazo y de manera gradual. Por otro, permitir la entrada de grandes empresas trasnacionales dejaría poco margen de oportunidad a las empresas mexicanas nacientes.
Una ventaja que podría tener México ante los países europeos, que son de los más grandes consumidores, es el clima, que es ideal para el cultivo de esta planta, lo que abarata los costos de producción y en teoría podría incidir en el precio final para hacer que el producto sea competitivo; sin embargo, cabría cuestionar si existe la tecnología necesaria para desarrollar extractos de CBD que cumplan con los estándares farmacéuticos internacionales y si se han hecho suficientes estudios de laboratorio para elaborar medicamentos que puedan obtener una patente. Al no ser legal la experimentación con las sustancias que derivan de la marihuana hasta el 2018, se presume que las investigaciones pudieran no estar lo suficientemente avanzadas.
Si se tomara en cuenta la Frontera de Posibilidades de Producción de nuestro país en la actualidad, podría concluirse que lo ideal sería que la industria local se enfocara en la obtención de la materia prima y se dejara la fase de manufactura a industrias más desarrolladas; esto permitiría visibilizar crecimiento en la demanda internacional y ganancias de manera inmediata, aunque podría implicar sacrificar una buena parte de las ganancias a largo plazo, ya que el margen de ganancia en productos ya elaborados es mucho mayor.
¿Qué ruta seguir?
No hay una solución perfecta a los problemas planteados y, como ya lo advierten los legisladores, las condiciones sociales, económicas e históricas en nuestro país son distintas a las de Estados Unidos, Canadá, China o Europa, por lo que no habrá fórmula mágica o modelo que se pueda tomar tal cual, aunque sí podrían considerarse algunos elementos.
El principal aspecto a tener en cuenta es que de poco serviría la conformación de un oligopolio de estado, como se ha sugerido en algunas de estas iniciativas o consolidar una fuerte industria local al limitar la entrada de empresas de otros países, si finalmente el consumidor terminará por orientarse hacia la opción ilegal, ya sea por la carga fiscal o por la escasez.
