Mientras afuera se vivió el miedo por la pandemia del COVID, aislamiento, depresión y pérdida de seres queridos, el INEGI hace un estudio sobre la comunidad privada de su libertad en el país, juicio y sentencia, la principal carencia.
Con el propósito de abonar al diseño de políticas públicas para el bienestar de los internos en los centros de readaptación social del país, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), realizó un estudio sobre el desempeño y calidad de vida dentro del sistema penitenciario, publicado a finales de julio del 2021.
De manera general se concluye que fue bajo el índice de contagios y muertes en el interior de los penales, tan sólo fallecieron 199 personas, esto puede ser a que durante el 2020 hubo capacidad suficiente para albergarlos, sin embargo, el pendiente principal es la falta de presupuesto para manutención de penales estatales en donde se concentra el 92 % de los internos, por delitos del fuero común, y el presupuesto que reciben es un tercio de lo destinado a dicho propósito, mientras que los dos tercios restantes se dedican a la manutención de espacios del fuero federal, para el 8% de los internos.
El otro tema pendiente es la pronta y expedita impartición de justicia, ya que pese al avance en cuanto a políticas públicas para una vida digna dentro de los centros penitenciales federales y estatales, ya que, de acuerdo con su estatus jurídico, 37.9% de las personas privadas de la libertad se encontraba esperando una sentencia; el 14.4% tenían una sentencia no definitiva, el 41.7% con sentencia definitiva, y 6.0% con estatus no especificado.
Estas cifras inciden en la violencia de género, ya que en el caso de las mujeres sin sentencia privadas de su libertad es del 46.6%; mientras que para los hombres, que son la mayoría de la población penitenciaria, esperan juicio y sentencia en un 37.4% de los casos.
La población que está privada de su libertad al cierre del 2020 se conformó por 211 mil 169 personas, de las cuales tan sólo fallecieron por COVID 199 de ellas, 96.5% hombres y 3.5% mujeres, por lo que el hecho de estar en condiciones de aislamiento del resto de la población, abonó a conservar su salud y no ser víctimas de la pandemia.
En el caso de las mujeres, cuyo porcentaje dentro de la población penitenciaria es tan sólo del 5.6%, el resto lo conforman hombres, el riesgo de contagio todavía fue menor, ya que, en los penales del país, se encuentran separadas de los hombres y están en espacios menos saturados.
De los 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, que operaron durante el 2020, ingresaron 110 mil, 351 nuevos internos, un 10% menos que en el 2019 y alcanzaron la libertad 93 mil 251 personas, un 17.5% menos que en 2019.
Con estas cifras, se infiere que existen espacios suficientes para una vida digna en el interior de los centros, ya que la capacidad instalada al cierre de 2020, es de 218 mil 474 espacios;29 mil 280 correspondieron a los centros penitenciarios federales, 182 mil 209 a los centros penitenciarios estatales, y 6 mil 985 a centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes.
Otro dato importante para las personas que viven en los centros penitenciarios, es que, de acuerdo con cifras del INEGI, se disminuyó el presupuesto para su manutención en un 1.4 % en comparación con el 2019, el presupuesto destinado fue de 37 mil 982 millones, 945 mil 681 pesos; de este total, el 63 por ciento va para centros penitenciarios federales, pese a que sólo el 7.7% de los reclusos cometen crímenes del orden federal, esto es, 16 mil 328 personas.
La mayoría de las personas privadas de su libertad, un 92.3%, cometieron crímenes del fuero común y están internas en centros penitenciarios estatales, para los cuales se destina tan sólo el 36.7 % del presupuesto anual.
