La mayoría de los códigos penales en el país no se han reformado desde hace años, contemplan una atenuante en la sanción si la fecundación se dio fuera del matrimonio. En 28 se pena con cárcel para la mujer gestante, en ninguna se sanciona al hombre que fecundó el óvulo.
Morelia, Michoacán.- La interrupción del embarazo es penada con cárcel en 28 estados de la República. Sólo en dos, Michoacán y Veracruz, amerita otro tipo de sanciones como trabajo social, en Tamaulipas el juez puede optar por ordenar tratamiento psicológico en vez de cárcel y en Tabasco la pena máxima es de dos meses de prisión.
Por otro lado, sólo en otros dos se puede realizar libremente este procedimiento antes de las 12 semanas de gestación: Ciudad de México, desde hace 12 años y Oaxaca, a partir de este año.
Esta semana el Congreso de Hidalgo desechó un dictamen al respecto seis meses después de que se presentó la iniciativa, por lo que se se seguirá castigando con cárcel de uno a tres años a las mujeres que interrumpan su embarazo, pero la pena será menor si lo hace “para ocultar su deshonra” o por pobreza extrema.
Esto no es privativo de Hidalgo, en otros nueve congresos locales del país parece congruente disminuir la pena cuando la fecundación se haya dado fuera del matrimonio. Así, en Aguascalientes, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y Jalisco, se reduce la sanción si la mujer “no tiene mala fama y logró ocultar su embarazo” y en Durango, el Estado de México e Hidalgo, cuando se realice “para ocultar su deshonra”.
En todo el país está permitido interrumpir un embarazo que haya sido producto de una violación, pero en algunos Códigos Penales se contemplan ciertas restricciones, como un plazo máximo o que un juez o ministerio público avale esta medida o bien que exista una denuncia previa.
En todos los códigos penales se contemplan sanciones para la gestante, el personal médico que la auxilie y en algunos casos, como cuando es menor de edad, incluso para sus padres, pero ninguno plantea un castigo por este delito para la persona que la preñó, excepto en Tamaulipas, en donde también se prevé una pena de cárcel para el hombre, pero sólo si ejerce violencia física sobre la mujer para obligarla a abortar.
En Guerrero, Quintana Roo y Querétaro se puede reducir la pena a la mujer si su pareja consintió el aborto, pero sólo si viven juntos.
Por otro lado, una inseminación artificial no consentida no constituye una razón de peso para interrumpir un embarazo en la mayor parte del país, ya que sólo se permite abortar por este motivo en Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
Si el aborto es producto de un accidente, no se castigará a la gestante en la mayoría de las entidades, excepto en Chiapas, Nuevo León, Sonora y Tabasco y aún cuando corra riesgo la vida de la mujer de continuar con su embarazo, está prohibido interrumpirlo en Guanajuato, Guerrero y Querétaro.
Si es legal en dos entidades, es legal en México… si tienes dinero
Una mujer que cuente con recursos suficientes para trasladarse a la Ciudad de México o Oaxaca a realizarse un aborto, no será penada aunque provenga de otra entidad. En la Ciudad de México hay alrededor de 40 clínicas privadas o se puede recurrir al Sector Salud.
El costo de un aborto depende del tipo de procedimiento y las semanas de gestación y va de los 2 mil 500 a los 9 mil 500 pesos y existen fondos de asociaciones civiles que cubren los gastos de traslado desde otras entidades, como Ddser o el Fondo María, aunque bajo ciertas condiciones.
En determinados casos, las clínicas privadas acceden a enviar el medicamento por paquetería a la gestante, aunque tiene que cumplir con ciertos requisitos, como no haber excedido las cuatro semanas de gestación, ya que posteriormente este procedimiento puede no ser 100 por ciento seguro y en caso de una complicación correría el riesgo de ser encarcelada.
Aunque en la práctica no se respete, la ley de Michoacán y Yucatán permite que una gestante en pobreza extrema pueda interrumpir su embarazo, aunque en el caso de Yucatán se condiciona a que tenga al menos tres hijos.
A pesar de que en todos los estados está permitido abortar cuando el embarazo surgió de una violación, sólo en la Ciudad de México, Baja California Sur y Zacatecas existe un procedimiento específico en su Código de Procedimientos Penales y en varios estados se condiciona que sea una autoridad judicial quien avale el procedimiento o que se haya interpuesto una denuncia previamente.
Caso Michoacán
El Congreso de Michoacán podría ser el tercer estado en autorizar que sólo se requiera de la voluntad de la gestante para interrumpir el embarazo, ya que existe una iniciativa que fue turnada a las comisiones de Salud y Justicia; sin embargo, hasta ahora no se ha comenzado a discutir el asunto y no existe una postura clara ni siquiera de los diputados que pertenecen a los partidos que se identifican con la ideología de izquierda.
En cambio, se han dado fuertes movimientos de protesta por parte de grupos conservadores e incluso organizaciones religiosas y el mismo arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, han buscado tener injerencia en las decisiones del Poder Legislativo.
