Yarabí Ávila deberá responder por irregularidades: Salvador Arvizu

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El diputado denuncia falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos del Congreso del Estado.

La diputada Yarabí Ávila González deberá responder por un cúmulo de irregularidades cometidas en su calidad de presidenta del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, que van desde la falta de transparencia en el manejo de los recursos, hasta el cobro de 50 millones de pesos emitidos a través de cheques cobrados en ventanilla, que no ha sido puesto en claro por la legisladora, afirmó el diputado Salvador Arvizu Cisneros.

“A Yarabí Ávila le importa más su futuro político con una actitud oficiosa hacia el gobierno estatal electo, en lugar de cumplir con su responsabilidad como presidenta del Congreso y del Comité de Administración”, dijo Arvizu Cisneros.

Puntualizó que ha obstaculizado los trabajos legislativos con la finalidad de impedir el relevo en la Mesa Directiva, en la que nunca transparentó los acuerdos tomados, lo que se agrega a la falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros, razón por la que se emprenderán en su contra las acciones legales correspondientes.

Consideró como reprobable el hecho de que, a unos días de que concluya la actual legislatura, se desconozca la situación financiera del Poder Legislativo, más aún cuando se tienen deudas con proveedores, medios de comunicación e, inclusive, no se ha pagado la segunda quincena del mes de agosto a los trabajadores de confianza.

Agregó que los propios diputados integrantes del Comité de Administración y Control desconocen la situación financiera del Poder Legislativo, ya que su presidenta ha ocultado la información, por lo que es urgente que se informe al pleno sobre los problemas financieros que habrá de heredar la siguiente legislatura.

Finalmente dijo que los integrantes de la Representación Parlamentaria harán pública la información a la que han podido acceder, para exigir transparencia y rendición de cuentas a los michoacanos, sobre la manera en que se ejercen los recursos públicos, con el compromiso de combatir la corrupción y evitar irregularidades.

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