Agua y Derecho a Aprender

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El 22 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Agua, como desde 1993 a la fecha, dado que un año antes se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgiendo de ahí la iniciativa.

Su principal objetivo es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar el agua para preservar la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra; a la vez que dar a conocer la problemática de los millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para hacer frente a este problema.

Asimismo, debería ser por todos conocido el que estamos en el decenio denominado “Agua para el Desarrollo Sostenible” que comprende entre el 2018 y 2028. Con tal declaratoria se busca subrayar que el agua es fundamental para el desarrollo y la paz mundial.

En nuestro Michoacán, los estudios hídricos denotan que cada vez escasea más el agua. El Sistema de Información Geográfica de Acuíferos y Cuencas (SIGACUA), consultable en línea en el enlace https://sigagis.conagua.gob.mx/aprovechamientos/ muestra el estado de los aprovechamientos acuíferos a nivel nacional, estatal y municipal, así como el estado de las cuencas hidrológicas.

En el SIGACUA se evidencia lo que es una realidad palpable a nivel comunitario: de los 113 municipios, solamente Coahuayana, Aquila, Chinicuila, Arteaga, Aguililla, Coalcomán, Churumuco, La Huacana y Lázaro Cárdenas, así como una parte de Huetamo, Nueva Italia, Ario, Apatzingán y Turicato se encuentran en cuencas no agotadas. Los 99 municipios restantes, donde reside la mayoría de la población estatal tienen serios problemas de extracción, potabilización y suministro de agua, ya que se encuentran ubicados en cuencas declaradas como agotadas.

La falta de agua pone en jaque el ejercicio pleno del derecho a aprender, tanto por la necesidad de beberla como por ser indispensable para contar con higiene en torno a nosotros.

Las condiciones sanitarias, así como las de la infraestructura y el equipamiento escolar, aunadas al pobre acceso a los servicios básicos de las escuelas públicas michoacanas impiden que éstas sean consideradas todas dignas, seguras, limpias y protegidas ante el eventual impacto de la pandemia por la que estamos transitando.

Históricamente, el gobierno no ha podido universalizar la normalidad mínima estipulada por la normativa en materia de acceso a servicios básicos en las escuelas michoacanas.

Las escuelas son el reflejo del desdén gubernamental por garantizar el derecho humano a la educación, a la movilidad social y al desarrollo integral de las comunidades.

Más aún, han pasado seis años desde la aplicación parcial del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), el cual quedó como una buena intención, un ejercicio inconcluso en el cual menos de la mitad de los planteles fueron censados y la información ni fue completada ni mucho menos recibió el seguimiento que merecía.

Sin embargo, de los datos parciales que arrojó en su momento el CEMABE se desprende que, en preescolar, solamente el 64.1% de los planteles cuenta con agua de la red pública, mientras que el 61% de las primarias tienen acceso al líquido vital y en secundaria, el 65% tiene acceso a agua de la red pública.

Hoy, no contamos con información difundida por la autoridad en la que se establezca con claridad en cuántas escuelas se cuenta con servicio de agua potable durante toda la jornada laboral, no solamente conexión a la red pública de los organismos operadores locales, en cuántas hay intendentes en la plantilla de personal y se provee puntualmente del material y consumibles para su aseo a cabalidad.

La situación de contingencia establecida contra el COVID-19 tanto por el gobierno federal como el estatal, si bien protege a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán, así como a los trabajadores de la educación de estar en contacto directo entre sí y les exime temporalmente de la responsabilidad de acudir a las aulas, esto parece ser insuficiente, ya que no existen garantías de que, en el eventual retorno a clases contarán con condiciones de higiene suficientes para salvaguardar su integridad física en el marco que impone la pandemia.

En preescolares, primarias y secundarias que ni siquiera tienen servicio de agua potable, como son uno de cada tres de acuerdo al CEMABE, resulta absurdo y profundamente simulatorio convocar a los trabajadores de la educación adscritos a los respectivos planteles a emprender una jornada de limpieza, porque si ni siquiera cuentan con agua potable. En sí, constituye un riesgo inminente para los empleados y latente para los estudiantes, quienes para cuando regresen a las aulas se encontrarán en ellas en condiciones insuficientes de sanidad como para poder garantizar su integridad.

El gobierno no ha abatido el rezago en la materia, ni tampoco se tiene conocimiento de que vaya a haber acciones extraordinarias para limpiar las escuelas. Los maestros harán lo posible, pero no son profesionales de la limpieza, por lo que bien valdría que, ante la emergencia, las brigadas no fueran solamente de voluntarios y empleados, sino de personal altamente capacitado en prevenir una pandemia.

Hacemos un llamado para que la autoridad en la materia no exponga innecesariamente a estudiantes y trabajadores de la educación y no escatime recursos ni vinculaciones para que las escuelas sean sometidas a una limpieza profesional que garantice condiciones de sanidad óptimas para poder reanudar las labores académicas, a la par que se debe de resolver cualquier conflicto con acceso al agua potable en estos días, para garantizar el vital líquido durante todo el horario laboral en los planteles, así como dotarlas del material de limpieza y los consumibles necesarios, con la finalidad de que la comunidad educativa pueda dar mantenimiento cotidiano a las instalaciones y se preserven estudiantes, trabajadores de la educación y padres de familia de un posible brote infeccioso.

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