- Irán a un “tribunal colegiado” para su revisión
Morelia, Michoacán. Luego de que el Congreso estatal emitió un exhorto al ejecutivo estatal para resolver la situación laboral de los empleados de la extinta Junta de Caminos, el consejero jurídico, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, explicó que es al propio congreso del estado a quien corresponde resolver dicha problemática.
“Es importante puntualizar que el congreso fue el que aprobó el presupuesto, es el responsable constitucionalmente. Y, en base a ello, de manera consecuente y responsable el ejecutivo presentó una iniciativa para extinguir la junta de caminos”, indicó el consejero.
Afirmó que la iniciativa de la extinción de Junta de Camino fue presentada ante el Congreso de la entidad “desde el 14 de febrero de este año y que no se ha dictaminado”.
Recordó que es al congreso del estado quien le toca la responsabilidad de realizar la aprobación o desaprobación del presupuesto estatal y, en lo que presentó el ejecutivo para este año estaba la extinción de Junta de Camino; la cual fue aprobada por el legislativo.
Según Sánchez Rodríguez, algunos diputados han pretendido que el ejecutivo tome las riendas del caso de la mencionada desaparición de Junta de Caminos apegándose al dictamen de un amparo que generó un tribunal.
“Se promovieron amparos y en base a la resolución de uno de ellos el congreso o algunos diputados pretenden que se actúe en consecuencia con base a lo que se decretó en un amparo, pero hay dos amparos que fueron resueltos que señalan que no es un asunto fácil”, indicó.
Aseguró que entre las recomendaciones que estipulaba uno de los amparos indicaba “que a estas alturas no se puede, en base a un presupuesto anual, modificar un presupuesto porque pudiera afectar otros rubros de la economía del estado. No es un asunto menor”.
“El Congreso pide que respetemos al poder judicial, pero el poder judicial resolvió de dos formas distintas. Entonces lo que le vamos a decir es que, ojalá, ellos puedan dictaminar aquello que se les presentó desde febrero. Porque jurídicamente el exhorto no tiene razón de existir”, dijo.
Agregó que en el caso de la administración de Silvano Aureoles Conejo solicitó a un tribunal colegiado la revisión del caso “para que se resuelva”.
“Creemos que no debe ser resuelto de manera parcial en base a solo una situación o un solo amparo cuando se resolvieron ya tres, dos son improcedentes uno se concedió pero con criterios diferentes”, finalizó.
