• Un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez evidencia rasgos comunes en la inacción de autoridades frente a tres crímenes de lesa humanidad: tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias
Morelia, Michoacán.- Esta semana el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó el informe “Patrones de Impunidad. Deficiencias de la investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Alternativas en el Poder judicial”.
De él se desprenden una serie de características que explican la impunidad en los expedientes relacionados a violaciones graves de derechos humanos.
El informe se concentra en delitos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitraras, y enlista como rasgos comunes que explican los niveles de impunidad la burocracia y el formalismo, cambios administrativos que repercuten en falta de continuidad ante ausencia de un plan de investigación, diligencias inocuas y omisión de acciones relevantes, falta de análisis de contexto, así como nula investigación de la cadena de mando.
Ejecuciones arbitrarias
En cuanto a las ejecuciones arbitrarias el patrón de impunidad reúne dos características principales: omisión de investigar la alteración de la escena del crimen y la conducción de investigaciones paralelas en el fuero militar.
En México no se cuenta con cifras sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, por lo que se trabajó con cifra de homicidios dolosos, mismos que suman más de 100 mil desde diciembre del 2012, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo a la investigación “Matar en México; impunidad garantizada”, sólo se resuelve el 5 por ciento de los homicidios dolosos cuando la media en América es de 24. Incluso en homicidios contra agentes federales, de 400 ocurridos sólo se consiguieron dos sentencias condenatorias. Además, cada fiscal asignado a indagar casos de homicidio doloso debe encargarse en promedio de 227 expedientes.
Desaparición forzada
Por la parte de las desapariciones forzadas, el retraso en la toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas y largos periodos de inactividad en la investigación son la característica.
Según información de la extinta PGR, hasta enero de 2019 existían 738 averiguaciones previas y 237 carpetas de investigación por el delito de desaparición forzada, lo que suma un total de 975 expedientes de investigación en el ámbito federal. De ellos únicamente 12 han llegado al ejercicio de la acción penal.
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) señaló que en sus registros cuenta con 227 víctimas directas, 207 hombres y 20 mujeres. Hasta febrero de este 2019, 46 agentes del Ministerio Público y 56 trabajadores administrativos trabajaban en la FEIDDF.
Tortura
De acuerdo al informe, los casos de tortura reúnen coincidencias en la omisión de denunciar, de manera inmediata y de oficio probables hechos de tortura, deficiencias en informes médicos efectuados por la extinta PGR a personas detenidas y deficiencias en los peritajes médico-psicológicos practicados por servicios periciales de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Hasta febrero de 2019, La Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la FGR contaba con 4 mil 152 averiguaciones previas y 662 carpetas de investigación abiertas o en trámite, para un total de 4 mil 814 investigaciones por el delito de tortura.
En cuanto al ejercicio de la acción penal en los casos que investiga dicha Fiscalía Especial, y después de que dicha instancia acotara su respuesta al periodo entre enero de 2018 y enero del 2019, se registró que únicamente se ejercitó acción penal en 2 ocasiones.
Hasta su desaparición, la PGR sólo había solicitado 48 órdenes de aprehensión y de ellas sólo 16 resultaron procedentes por el juez y hasta febrero de este año sólo nueve personas habían sido detenidas. Sólo tres de esas órdenes se tuvieron como completamente cumplidas.
La Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura tenía 46 agentes del Ministerio Público para 4 mil 814 expedientes abiertos, lo que significa que cada servidor público atiene en promedio 104 expedientes.
Respecto a la protección de las víctimas por denuncias de tortura, solamente se solicitaron dos medidas de protección para los casi 5 mil expedientes al iniciar este 2019. Durante el 2018 no se obtuvo una sola condena por el delito de tortura.
