Justicia y Derecho a Aprender

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Por: Erik Avilés Martínez

El martes pasado, en rueda de prensa de carácter nacional se anunció por parte de Mexicanos Primero, organización de la sociedad civil cuyo objeto social está enfocado en defender el derecho a aprender de los mexicanos, un logro histórico más, que se concatena con los que anteriormente ha conseguido en la ruta de la justiciabilidad del derecho a aprender en nuestro país

Específicamente, después de cuatro años de litigio, el poder judicial dio la razón a Aprender Primero, A.C., brazo jurídico de Mexicanos Primero, en una sentencia histórica donde se anula la minuta signada entre la Secretaría de Gobernación y la Sección XXII de la CNTE, donde se creaba un estado de excepción respecto a la normatividad vigente en materia educativa en aquel entonces, a la par que se entregaba un banco de plazas docentes para que las cúpulas de la XXII las asignasen a su arbitrio.

La defensa jurídica del derecho a la educación cobra especial relevancia en una entidad federativa como Michoacán de Ocampo, la cual se encuentra agobiada por el abuso, la corrupción y la omisión con que se ha manejado su sistema educativo local, lo cual ha ocasionado que millones de coterráneos padezcan las consecuencias de una escasa escolaridad cursada y con logros de aprendizaje muy precarios, que ocasionan que se les adscriba a la pobreza, a la marginación, a la migración y a la delincuencia, ya que quien no aprende cómo ganar el pan con el sudor de su frente, queda condenado de por vida a arrebatarlo o a mendigarlo.

Basta revisar la situación financiera en la que se encuentra el sistema educativo michoacano para darse cuenta que el enorme déficit que vuelve insostenibles las condiciones locales prácticamente se encuentra explicado por cada una de las minutas firmadas entre los gremios y las autoridades estatales.

Por lo anterior, el fallo consolidado e inatacable de la Corte genera grandes expectativas en nuestro contexto territorial, respecto a actuaciones indebidas de funcionarios que comprometieron el erario destinado a la educación de los hijos de los michoacanos, ante lo cual se exploran posibles rutas jurídicas para revocar abusos disfrazados de acuerdos o minutas, que han lacerado impunemente el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro estado.

Esperamos especialmente que esta resolución soberana del Poder Judicial sirva de precedente para aquellos servidores públicos que pudieran olvidar que juraron cumplir y hacer cumplir la ley, en aras de congraciarse con algún grupo de presión, obteniendo contraprestaciones a través de componendas oscuras, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones en la dolorosa historia educativa de nuestra entidad federativa.

Los michoacanos cuentan con el respaldo jurídico de Mexicanos Primero a través de su capítulo local y se emprenderán acciones estratégicas las veces que sean necesarias hasta lograr que impere el estado de derecho en el sistema educativo local y no más la discrecionalidad entre unos cuantos. A su vez, es importante decir que la resolución judicial obtenida debe servir para que cualquier ciudadano la emplee como soporte para argumentar a favor de su derecho a aprender o del de sus representados, en caso de haber resultado afectado por algún acuerdo extralegal signado por una autoridad, que comprometiese procesos, políticas públicas o recursos, menoscabando sus finalidades originales.

Sin embargo, no basta la acción de solamente una organización de la sociedad civil. Es necesario que la exigencia del derecho a aprender constituya un factor movilizador de los estudiantes, padres de familia, maestros, funcionarios, academicos, investigadores, medios de comunicación y ciudadanos en general para lograr que no haya retrocesos, perversiones, omisiones, demagogia ni interpretaciones a la ligera al respecto. Es momento de que ponderemos la importancia trasdendental de contar con un sistema educativo de primer mundo y que no permitamos un paso atrás en la conquista del derecho a aprender para los michoacanos. Esperemos que sirva este precedente también para que sepamos el enorme potencial que tenemos los ciudadanos cuando nos organizamos para hacer valer nuestros derechos.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles

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