Recientemente fui invitado a disertar sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad por el Colegio Michoacano de Altos Estudios en Seguridad y Ciencias Forenses, A.C. y el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Michoacán A.C. en el marco del Seminario de Psicología y Criminología.
Reflexioné sobre la importancia de revisar el diseño de la política pública de reinserción social a partir de posicionar transversalmente los valores.
En las reflexiones vertidas expresó el sentido de que el personal institucional del Sistema Penitenciario en México debe de manejar perfectamente el marco constitucional y legal sobre el modelo de reinserción social que se instrumenta en los centros de reinserción en México, tanto los de carácter federal, como los estatales.
Amen de eso, exprese la importancia de que dicho personal estuviera capacitado, conociera y aplicara los documentos sustantivos de las Reglas Mandela, así como de las Reglas Bangkok, y otros instrumentos normativos de la OEA.
Igualmente, al reflexionar sobre el tópico hablé de la importancia de transversalizar en el modelo de reinserción social (educación, salud, trabajo, capacitación para el trabajo y deporte), los valores y principios, impulsando un modelo que permita a los PPL el empoderamiento y la emancipación para su toma de decisiones en libertad y autonomía de manera ética y que ello, permita su reinserción a la sociedad de una manera menos compleja y crítica como se vive ahora en opresión (invisibilidad, prejuicio, estigma, violencia, exclusión y discriminación).
Si bien es cierto que, los centros de reinserción social entre su población, cuentan con un eje interseccional, es decir, con diferentes expresiones de diversidad social, cultural y sexual en la condición humana de los PPL, que debería generar condiciones para que de manera igualitaria se tratara bien a todos y todas y todes; pero que, además en el marco legal se reconoce esa diversidad, igualmente, en el diseño de la política pública, el personal institucional, incluso las personas privadas de su libertad (PPL), continúan con ideologías misóginas, machistas, clasistas, racistas, homófobas, de bifobia, transfobia y otras expresiones que permiten la segregación, opresión y violencia en contra de quienes viven con una orientación sexual o bien una identidad o expresión de rol de género diferente a la alineación de su cuerpo.
Razón por la cual continúo insistiendo en la importancia de trabajar con el personal institucional en sus procesos permanentes de capacitación a efecto de formar e informar en materia de valores, y bajo principios de perspectiva de derechos humanos y libertades, perspectiva de género, igualdad y no discriminación, interculturalidad, diálogo para la convivencia, así como la sostenibilidad.
Bajo este orden de ideas, recientemente la organización Centro de Acción por la Justicia Social, presento el documento “Diversidad y derechos: diagnóstico sobre el acceso y ejercicio de derechos de las personas LGBTQ+, privadas de su libertad en México”, dicho documento recupera información valiosa de estos últimos años, que será de utilidad para el Sistema Penitenciario continue trabajando en la formación del personal institucional a favor de evitar la opresión, violencia y segregación de los PPL por parte del personal institucional de los centros de reinserción social que operan a los largo y ancho de México.
El informe respectivo, tiene como objetivo que se reconozca a las personas LGBTTTIQ+ privadas de su libertad no solo como un grupo vulnerable, sino como un reconocimiento de personas sujetas de derechos, en donde las autoridades cumplan con sus responsabilidades de manera responsable.
En este sentido, el informe destaca los problemas que aun subsisten sin atender con respecto de la población LGBTTTIQ+, y que pudieran enfrentar con riesgo de sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando se encuentran en calidad de PPL; pero además se expresa que la situación de vulnerabilidad es resultado de la “incapacidad del Estado para proteger los derechos humanos de las personas LGBTQ+” (SIC).
En México el problema de la invisibilidad y segregación, violencia y opresión que viven los PPL disidentes sexuales ha sido evidenciado por la CNDH, la CEAV, el INEGI, y otras instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Fundación Arcoíris, así como Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán (trabajo colaborativo en los diferentes centros atendiendo las cuestiones de diversidad y de matrimonio igualitario), en donde se han realizado encuestas, entrevistas, visitas a centros de reinserción social, a través de solicitudes de acceso a la información, sin embargo expresa el documento que no existe un instrumento que permita atender y entender la situación de discriminación, violencia, segregación y opresión que viven las PPL disidentes sexuales (LGBTTTIQ+).
Los hallazgos encontrados y que se traducen en criterios de atención para las autoridades son los siguientes: primero, facilitación de trámites para obtener documentos oficiales de identidad (acta de nacimiento, CURP, credencial de elector); segundo, diseño de estándares de reconocimiento de identidad de género e incorporarlos en las leyes y reglamentos correspondientes, así como reasignación de instalaciones penitenciarias; tercero, contar con las opciones de formación, educación, capacitación y trabajo al interior de los centros penitenciarios; cuarto, diseño de protocolos de actuación ante obstáculos para el acceso de derechos y servicios específicos para atención de población LGBTTTIQ+ (derecho a la salud: medicamentos para atención de VIH; derecho al libre desarrollo de la personalidad: tratamientos hormonales para personas trans); quinto, atender con programas y protocolos la salud mental y la prevención del suicidio, entre otros.
Respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le recomienda ampliar y actualizar los rubros del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario. En tanto que, al INEGI, se le recomienda incluir preguntas sobre la salud mental en las futuras ediciones de la ENPOL, toda vez que sería de utilidad para contar con panoramas holísticos, sistémicos e interdependientes.
Pese a ello, se requiere seguir avanzando significativamente en posicionar los valores y principios que permitan a los PPL adquirir nuevas herramientas en su reinserción, así como un trabajo paralelo con la sociedad para la inclusión de los PPL, una vez que cumplan con su condena a través del diseño de políticas públicas
