“La participación ciudadana es una forma de incluir nuevas opiniones y perspectivas (…) para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersasen una sola acción compartida”. Mauricio Merino
Por: Rosmi Bonilla Ureña / Parte I
En el diseño de los Sistemas Anticorrupción, tanto a nivel nacional como estatal, el corazón de esta novedosa coordinación pertenece a los ciudadanos a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Sin embargo, el CPC no meterá a la cárcel a nadie. En todo caso, quien lo haría sería la Secretaría de la Contraloría o la Auditoria Superior de Michoacán a través de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
Debemos aclarar que la ciudadanización de la prevención y combate a la corrupción no significa que las instituciones responsables de instarurar procedimientos y sancionar a quienes incurran en actos de corrupción dejarán de hacerlo. Significa que estas instituciones tendrán el acompañamiento de los ciudadanos.
En los casos en los que funcionarios públicos incurran en actos de corrupción, el Comité de Participación Ciudadana será el encargado de vigilar y dar seguimiento para que los procedimientos se realicen adecuadamente y concluyan en una sanción.
Sin embargo, la labor del CPC no se circunscribe a ello. Según el artículo 14 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, además de coadyuvar con las instituciones que conforman el Sistema, tiene como objetivo ser la instancia de vinculación con los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Es decir, en el Comité escucharemos las propuestas de la sociedad civil, daremos seguimiento a las denuncias ciudadanas y propondremos mejoras a las prácticas gubernamentales para detectar y erradicar los cuellos de botella que padecemos día a día los ciudadanos.
En la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI en el 2016, el 20.2 por ciento de las unidades económicas (empresas) señaló que el marco regulatorio (leyes y reglamentos) es un obstáculo para realizar su actividad.
En esa misma encuesta, el 25.1 por ciento de las 3 millones 917 mil 517 empresas de la muestra presentaron problemas al realizar sus trámites, el 82.1 por ciento fueron barreras en el procedimiento.
Me permito compartirle un ejemplo: en Jalisco, usted puede tramitar y pagar sus placas por internet y éstas llegará a su domicilio a los pocos días, en una fecha específica.
En Michoacán, usted debe acudir personalmente a hacer tres filas; la primera para que le revisen sus documentos (si le falta alguno, tendrá que regresar otro día porque la fila es enorme y hay gente formada desde las 4 de la mañana); la segunda fila es para pagar y la tercera fila para que le entreguen sus placas y engomados. Si usted tiene suerte y llegó a las 4 de la mañana, saldrá entre 12 y 1 de la tarde con sus placas.
No digo que suceda así concretamente en este ejemplo, pero tres filas pueden representar tres “oportunidades” para intentar “agilizar el trámite”; mientras que una fila a la espera de que se abran las instalaciones para realizar ese mismo procedimiento, es una oportunidad para el coyotaje.
Este tipo de prácticas son las que observaremos y sobre las que haremos propuestas de mejora como parte de las atribuciones en materia de prevención y control de la corrupción.
¿Por qué es importante la mejora regulatoria? Porque en Michoacán a cada empresa la corrupción le costó entre mil 700 y 35 mil 900 pesos en el 2016, cifra que no contempla los “gastos de gestión” que realizan los ciudadanos de a pie al intentar agilizar algún trámite.
La elaboración de un diagnóstico real y el diseño de políticas públicas de prevención y combate son otras de las tareas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Sobre ellas abundaremos en la próxima entrega.
