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Al parecer no basta que este prohibida la tortura como mecanismo de recuperar una confesión o un testimonio, porque hoy, servidores públicos mantienen esas prácticas; tal como en su momento lo hiciera de su conocimiento el relator de tortura de la Oficina del Alto Comisionada de los Derechos Humanos al Estado mexicano, en el año de 2015, y que recientemente en su visita a México su titular.
En un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expresa su preocupación por estas prácticas, toda vez que su persistencia nos aleja de la consolidación de la institucionalidad y del respeto a la legalidad, mientras ese flagelo se erige como el triunfo de la ilegalidad sobre las leyes; del abuso, la violencia y la intransigencia sobre la institucionalidad y del miedo y el terror sobre el respeto a la dignidad de las personas.
La tortura nos acompaña como sociedad, toda vez que los grupos en el poder o desde el mismo Estado, se requiere del control y sometimiento que se hace para disciplinar los cuerpos. Por ello, es tan importante que las autoridades reconozcan, entiendan y vean de frente el problema, y que ello lo hagan cercano a las organizaciones de la sociedad civil. Negarlo o relativizarlo no ayuda a nadie y si perjudica a todos.
La tortura, así lo señala el Órgano Constitucional Autónomo Nacional, es una práctica injustificable e inaceptable bajo cualquier supuesto. No hay un fin que permita ser tolerante con ella, así como tampoco niveles o rangos aceptables del flagelo.
No se puede asumir la tortura como inherente a la investigación de los delitos o como producto de una cultura o forma de justicia. “Tampoco es vía para la justicia o para alcanzar la seguridad, sino delito, abuso de poder que mediante el dolor, miedo, humillación y sometimiento niega la humanidad de quien la sufre y elimina su libertad, su capacidad de decisión y de actuar por sí mismo”.
No basta entonces contar con las normas internacionales y nacionales, las estructuras para cumplir con los mandatos de ley y el diseño de la política pública, requerimos entonces crear y desarrollar conciencia social, crear y desarrollar ecoconciencia, es decir conciencia para la vida y el respeto a la dignidad humana.
Hoy necesitamos seguir trabajando en formar a los servidores públicos y emprender acciones como compañas de comunicación sobre la formación y ética para el respeto de los valores y principios y la vida.
