Por: Rosmi Bonilla Ureña
“Los hombres de estado son como cirujanos: sus errores son mortales”. François Mauriac
Vincular las violaciones a los derechos humanos con actos de corrupción resulta sumamente complicado, en primer término porque la corrupción es un práctica que se realiza en la sombra. Sin embargo, es evidente que el abuso del poder público para el beneficio privado genera una serie de violaciones a los derechos de los ciudadanos que han sido insinuados en la literatura sobre la corrupción pero pocas veces probados y convertidos en estadísticas e indicadores.
Un ejemplo de ello es lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea al señalar que existen tres relaciones entre la corrupción y las violanciones a los derechos humanos: la primera corresponde a sobornos que se hacen para tener acceso a los derechos; la segunda a sobornos para realizar acciones que deberían estar prohibidas y que son violatorias como pagar un soborno a un supervisor de condiciones laborales, por ejemplo; y la tercera cuando los actos de corrupción generan una disminución de recursos públicos mermando bienes y servicios públicos y en beneficio de los ciudadanos.
Por su parte, Koldo Echavarría, en su texto Indicadores sobre la Corrupción publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo pone el dedo sobre una de las llagas: la corrupción excluye a ciertos grupos (generalmente los más vulnerables) del acceso a bienes y servicios pues carencen de recursos para pagar sobornos.
En ese mismo sentido, Echavarría reitera que la corrupción no solo excluye a ciertos grupos sino que incluye a otros a través de una relación dependiente entre el ciudadano y los líderes políticos (póderes fácticos, grupos de presión, élites, etc.)
Ejemplos de cómo la corrupción excluye a los grupos vulnerables del acceso a bienes y servicios y de cómo aumenta la ineficiencia en la prestación de servicios, hay muchos.
Basta mirar los casos de niños oncológicos en Veracruz a quienes se les trató con agua inyectable en vez del medicamento que requerían en un escandaloso acto de corrupción por parte del entonces gobernador Javier Duarte.
Otro ejemplo igual de doloroso e insultante es el de Luis Armando Reynoso Femat quien robó millones de dólares del estado a través de un contrato incumplido para la compra de equipos médicos en perjuicio de la población.
Ante situaciones como éstas, la ONU reconoce que la corrupción impacta directamente y en mayor medida en las políticas públicas que atienen a los grupos más vulnerables. Sin embargo, comprobarlo es un trabajo arduo que requiere transitar, precisamente, de medir la corrupción a través de indicadores de percepción a indicadores de experiencia.
Elaborar un diagnóstico real sobre la corrupción es tarea de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción nacional y estatales; pero este diagnóstico deberá elaborarse a conciencia y apegado a los contextos de cada entidad. Parece y es una tarea titánica, pero es necesaria.
